Del desierto a la tierra fértil
Tras décadas de conflicto, recuperar la confianza parece ser la receta para cosechar y generar desarrollo.
Por Luis Miguel Cardona A.
El biblioburro llevó a un pueblito de Colombia manuales de agricultura, libros prácticos y un ejemplar de la Ilíada. Cuando llegó el momento de devolverlos, los pobladores entregaron todo, excepto el poema de Homero. “Esta es nuestra historia: vivir en medio de guerras incomprensibles, permitidas por dioses dementes y egoístas”, cuenta el escritor Alberto Manguel que fue la explicación para quedarse con el libro.
Y es que si algún país puede hablar de los efectos de la guerra es Colombia. Los múltiples conflictos que ha enfrentado han causado retrasos de todo tipo: tecnológicos, competitivos, entre otros, pues los recursos que se debían invertir en educación, salud e infraestructura se han destinado a la defensa del territorio. Adicionalmente, el conflicto ininterrumpido ha dado origen al gobierno criminal, que no es otra cosa que la apropiación de las funciones del Estado por parte de organizaciones delincuenciales.
“Prestan servicios de seguridad, resolución de disputas y administración de justicia; a cambio cobran ‘impuestos’ o extorsiones, lo que deslegitima al Estado y se convierte en otro gran reto de largo plazo, pues los ciudadanos ven como un actor legítimo a las organizaciones criminales”, explica Santiago Tobón, profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de EAFIT.
Lo anterior se convierte en un lastre porque es más costoso llegar a zonas en las que el Estado no tiene el control, implementar políticas públicas y extender servicios básicos. Esto, además de los costos asociados a las víctimas de la violencia, retrasa el desarrollo.
Guerra contra natura
Pero este no es el único problema, también está el de la sostenibilidad. Si bien la tierra nunca dejó de ser fértil, sí se volvió insegura. Tanto la agricultura como la producción disminuyeron y la tierra se empleó para sembrar hectáreas de coca, una práctica que, además de lo que acarrea el narcotráfico, atenta contra el planeta porque la producción, transporte y consumo afectan las selvas tropicales, el agua dulce y los ecosistemas de los estuarios.
La deforestación se presenta no solo por los cultivos de coca, también por el tráfico de maderas y la minería ilegal, temas recurrentes y con un impacto profundo en el largo plazo, y en particular porque ocurren en la Amazonía, el pulmón del planeta.
De acuerdo con Biesimci, un proyecto conjunto entre la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el 69 % de la explotación de oro de aluvión en el país es ilegal. Solo un 7 % se encuentra en proceso de legalización. Es decir, casi un 70 % del oro que se saca en el país se extrae de forma ilícita, talando árboles, contaminando ríos o empleando prácticas nocivas.
Para Gustavo Duncan, profesor de EAFIT, se suman otras preocupaciones, como los costos asociados a la seguridad. Señala que el narcotráfico ha causado estragos: “Ha generado corrupción, un entorno extractivo dentro de la administración pública. Y eso genera costos adicionales porque las instituciones del Estado no están hechas para proteger un capitalismo dinámico, sino un capitalismo rentista, es decir, la idea es cómo capturar una renta y no producir riqueza a través de la innovación y la competencia de los mercados”.
El punto de inflexión
Al finalizar la década del 90, mientras se vivía una férrea lucha contra el narcotráfico, los grupos guerrilleros lograban más control territorial y el conflicto crecía. El secuestro, la extorsión y la venta de drogas financiaban sus luchas, y esto no solo causó miedo y violencia, también afectó la inversión extranjera.
La inversión en seguridad en el nuevo milenio fue un punto clave para contrarrestar la crisis. “En los primeros seis años de la década del 2000 aumenta en un 30 % el pie de fuerza del país y se mejora la infraestructura en términos de helicópteros, aviones, barcos y equipo técnico de inteligencia. Los resultados durante ese mismo período son contundentes: disminuyen los homicidios en 39 %, el secuestro extorsivo bajó 83 %, víctimas de homicidio colectivo 72 % y los atentados terroristas se redujeron 61 %”, indica Catalina Gómez, directora del área de Mercados y Estrategia Financiera de EAFIT.
Para la investigadora, esa inversión de más del 4 % del PIB en seguridad era imperativa en ese momento. “Al disminuir el terrorismo y todo lo que esto causaba, se generó confianza, esa palabra que hoy es tan valiosa para entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y todas estas instituciones multilaterales”, y agrega que a mayor confianza, mayor crecimiento económico y mejores condiciones de vida, lo que en el largo plazo se traduce en desarrollo.
Entre 1993 y 1999 la inversión extranjera directa fue de cerca de USD2.000 millones y en 2013 terminó alrededor de los USD16.000 millones, una muestra absoluta de lo que significa la confianza.
En la actualidad, y luego de un proceso de paz, la mayor inversión del Estado no está en la seguridad. De acuerdo con el presupuesto aprobado por el Congreso para el 2023, los sectores con mayores recursos son educación, con $54,8 billones; salud y protección social, $50,2 billones; hacienda, $48,7 billones; defensa y policía, $48,3 billones; trabajo, $37,9 billones, e inclusión social y reconciliación, $17,8 billones. Mientras que la inversión extranjera directa a junio de este año fue de USD7.519 millones, especialmente en los sectores minero y el petrolero, los cuales tienen un impacto socioeconómico muy alto.
Más confianza, más liderazgo
Para Catalina Gómez, la confianza será la clave. “Confianza en las instituciones, en el país, confianza interpersonal, y para generarla la incertidumbre tiene que ser la mínima posible”. El profesor Duncan coincide en la importancia de ella y en la nula cabida a la incertidumbre, pero anota que no hay una receta mágica, pues todos saben lo que hay que hacer, pero se sigue postergando. “El país necesita más seguridad, menos corrupción, menos incertidumbre jurídica, pero la pregunta es si la forma como se están haciendo las cosas es la ideal. Hay experiencias positivas, pero no podemos esperar una bala de plata que resuelva todos los problemas, sino una perseverancia en el largo plazo y liderazgo para transformar esa situación. El país ha logrado avances en materia de seguridad, pero no se corresponden con los avances en materia de lucha contra la corrupción, y esos problemas parecen haber evolucionado con el incremento del gasto público y la contratación del Estado”.
Los esfuerzos que ha hecho el país en la construcción de paz son destacables, pues se ha centrado en reducir la violencia. Los acuerdos de paz y demás esfuerzos ayudan a mostrar los tesoros que se esconden en la tierra fértil y que se expresan en destinos exóticos, gastronomía y una riqueza cultural digna de enaltecer. Sin embargo, queda trabajo por hacer para que los pobladores vean en las historias de la guerra el registro del pasado y no la bitácora de su presente, para que los recursos se inviertan en crecimiento y el país logre el desarrollo que le permita mejorar las condiciones de vida de los colombianos.
Gasto en defensa como porcentaje del PIB
Casi un 70 % del oro que se saca en el país se extrae de forma ilícita.
“El país requiere confianza en las
instituciones, en el país, confianza interpersonal, y para generarla la incertidumbre tiene que ser la mínima posible”.
Catalina Gómez
Directora del área de Mercados y
Estrategia Financiera de EAFIT
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